Ascensores en Región Metropolitana - Santiago: Precio y Presupuestos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó una serie de modificaciones a la Ley de Ascensores en nuestro país,ya que se volvió completamente necesario regular la responsabilidad del mantenimiento y la instalación de ascensores, tanto verticales como inclinados. También de funiculares, montacargas y escaleras mecánicas que se emplacen en edificios privados o públicos.

La modificación de la ley 20.296 responsabiliza a los propietarios de la correcta instalación de los ascensores en Santiago y el resto del país,y de que la mantención se realice conforme a las especificaciones técnicas de sus fabricantes. Cada una de estas mantenciones mensuales obligatorias, deberán exponerse en un lugar visible dentro del ascensor, para que todos los usuarios puedan verificar su chequeo regular y poder movilizarse en ellos con total confianza.

Además, la instalación, mantención y certificación de los ascensores deben hacerse en cumplimento con las Normas Técnicas vigentes en Chile, las que se actualizan permanentemente, por lo que exige que las empresas de mantenimiento de ascensores estén al día con las regulaciones del país. Este último punto, es realmente importante si consideramos que en Santiago existe un gran número de edificios antiguos, que deberán hacer cambios relevantes en sus ascensores para mantenerse vigentes y al día con la ley actual.

En el caso de los edificios, podrá ser la Administración la que contrate los servicios de mantenimiento y certificación para sus ascensores, informando debidamente al comité de propietarios. Para ello, deberá verificar a través del Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que la empresa que ha cotizado esté debidamente registrada y sea capaz de certificar el correcto funcionamiento del ascensor.

La Ley también establece que en caso de realizar certificaciones erróneas y reincidir en ellas se castigará a los propietarios con multas de entre 50 y 100 UF. Y en caso de establecerse la certificación a través de documentos falsos, la multa podría ascender hasta las 150 UF.